Vocabulario en inglés de administración pública

Actividad de aplicar las políticas gubernamentales y gestionar las instituciones del Estado; también, disciplina académica que estudia su organización y gestión.

Parte de la economía que pertenece al Estado, recibe financiación pública o está gestionada por él; incluye organismos, autoridades locales y empresas estatales.

Nivel nacional del Gobierno, incluidas las dependencias y organismos situados en la capital, frente a las autoridades regionales y locales.

Transferencia de poderes, responsabilidades y recursos del Gobierno central a entidades regionales o locales para acercar las decisiones a las personas afectadas.

Bien común de la sociedad en su conjunto, frente a intereses particulares; se espera que los organismos públicos actúen en favor de ese interés.

Sistema de reglas, instituciones y relaciones mediante el cual se toman decisiones y se ejerce el poder, incluidas las interacciones del gobierno con la ciudadanía, las empresas y la sociedad civil.

Parte del Estado que ejecuta las leyes y dirige la gestión cotidiana del gobierno; suele estar encabezada por el presidente o el primer ministro y comprende a los ministros y la administración que depende de ellos.

Principio según el cual el poder del Estado se distribuye entre ramas legislativa, ejecutiva y judicial separadas, para evitar que una sola institución concentre toda la autoridad.

Rama del derecho que regula cómo se organizan los organismos públicos, cómo toman decisiones y de qué manera la ciudadanía puede impugnarlas ante los tribunales.

Facultad oficial para tomar decisiones o hacer cumplir reglas en un ámbito, materia o territorio determinado; también, el ámbito en el que se aplica esa facultad.

Enfoque de reforma, extendido desde la década de 1980, que incorporó ideas del sector privado al gobierno, como metas de desempeño, competencia, externalización y la atención a la ciudadanía como clientela.

Organismo central del Gobierno, dirigido por un ministro y responsable de un ámbito de política pública, como salud, educación, finanzas o transporte.

Integrante del Gobierno que dirige un ministerio y responde por sus políticas y decisiones; normalmente forma parte del gabinete.

Organización pública creada para realizar una tarea específica, como recaudar impuestos, conceder licencias o gestionar carreteras, a menudo con cierta autonomía respecto del ministerio.

Unidad de una organización encargada de un área de trabajo, como recursos humanos o asuntos jurídicos; en el Reino Unido y Estados Unidos, también nombre de un ministerio completo.

Unidad administrativa encabezada por un director, normalmente integrada en un ministerio u organismo, como una dirección general o provincial.

Autoridad oficial y conjunto de funciones que se asignan a una institución o persona, por lo general mediante una ley, y que delimitan lo que puede y debe hacer.

Empresa propiedad del Estado o bajo su control que desarrolla actividades comerciales, por ejemplo, la explotación de ferrocarriles, puertos, minas o redes de energía.

Sistema de consejos electos y administraciones que gestionan los servicios de una ciudad, localidad o región, como residuos, calles y parques.

Ciudad o localidad con gobierno propio, o el órgano de gobierno local que la administra y presta servicios como agua, residuos y permisos de construcción.

Persona que dirige el gobierno de una ciudad o localidad; según el país, puede ser elegida directamente, designada por el consejo o tener funciones ceremoniales.

Grupo de personas elegidas o designadas que toma decisiones para un territorio u organización, en especial el órgano electo que gobierna una ciudad o distrito.

Una de las principales divisiones administrativas de ciertos países, con administración propia; Turquía, por ejemplo, tiene 81 provincias.

Autoridad que encabeza una provincia, estado o región; en algunos países, como Turquía, la nombra el Gobierno central, mientras que en otros, como Estados Unidos, se elige.

Zona de un país, región o ciudad con administración propia o delimitada para fines oficiales; en Turquía, unidad administrativa situada por debajo de la provincia.

Gobierno de una ciudad extensa que abarca toda el área urbana y coordina los municipios distritales menores, especialmente dentro del sistema de gobierno local turco.

Norma que dicta una autoridad local u otro organismo con facultades concedidas por ley y que rige en su territorio o para sus integrantes.

Sistema que divide el terreno de una localidad en zonas donde se permiten determinados usos —como vivienda, industria o espacios verdes— y establece límites de altura y densidad de construcción.

Intervención de la ciudadanía y de grupos comunitarios en decisiones públicas, por ejemplo mediante reuniones, encuestas, audiencias u órganos consultivos.

Empleado permanente de un ministerio u organismo estatal que realiza tareas oficiales y no accede al cargo por elección ni por nombramiento político.

Conjunto del personal permanente y no político de los ministerios y organismos públicos; también, sistema que regula su contratación y gestión.

Persona que ocupa un puesto en un organismo público y ejerce su autoridad, incluidos funcionarios, responsables nombrados y cargos electos.

Acto de elegir oficialmente a alguien para un empleo o cargo, sobre todo en el sector público; también, el puesto otorgado.

Proceso de búsqueda, selección y contratación de personal nuevo, desde la publicación de una vacante hasta la oferta de empleo.

Paso a un puesto, grado o rango superior dentro de una organización, normalmente con más responsabilidades y un salario mayor.

Revisión formal y periódica en la que una persona responsable evalúa el trabajo de un empleado respecto de objetivos acordados y conversa sobre formación y metas futuras.

Conjunto escrito de normas y principios que establece cómo se espera que se comporten los integrantes de una organización, por ejemplo respecto de los regalos, la neutralidad y el uso de información.

Método de contratación y ascenso de empleados públicos basado en capacidad, cualificaciones y desempeño, a menudo evaluados mediante exámenes, en vez de conexiones políticas o favores personales.

Plan que muestra cuánto dinero prevé recibir un Gobierno u organismo público y cómo lo gastará durante un período determinado, normalmente un año.

Persona o empresa que paga impuestos; en el debate público, contribuyentes cuyos impuestos financian servicios públicos.

Dinero que el Gobierno y otros organismos públicos destinan a servicios, salarios, inversiones y prestaciones; en textos formales también se llama public expenditure.

Dinero que recibe un Gobierno u organismo público, sobre todo mediante impuestos, pero también por tasas, tarifas, multas y venta de activos.

Período de doce meses que una organización o Gobierno usa para elaborar su presupuesto y llevar sus cuentas, coincida o no con el año natural.

Decidir oficialmente que una cantidad de dinero, personal, tiempo u otros recursos se utilizará para un fin concreto o se entregará a un grupo.

Cantidad de dinero público que un parlamento o concejo autoriza oficialmente para un fin específico y cuyo uso queda legalmente habilitado para un organismo público.

Monto en que el gasto de un gobierno supera sus ingresos durante un periodo determinado, normalmente un año; su opuesto es el superávit presupuestario.

Suma de dinero que un gobierno u otra entidad concede para un fin concreto, como un proyecto, una investigación o servicios locales, y que normalmente no debe devolverse.

Dinero u otra ayuda que aporta el gobierno para mantener bajo el precio de un producto o servicio, o apoyar un sector como la agricultura, la energía o el transporte público.

Proceso por el que los gobiernos y organismos públicos compran bienes, servicios y obras a empresas, normalmente mediante competencia abierta.

Convocatoria formal para que empresas ofrezcan suministrar bienes, servicios u obras a un precio indicado; también, la propuesta presentada por una empresa.

Propuesta de una empresa para suministrar bienes, servicios u obras por un precio determinado en respuesta a una licitación; también se usa como verbo.

Persona o empresa que ha firmado un contrato para proporcionar bienes, servicios u obras, especialmente para una entidad pública.

Contrato de larga duración por el que una empresa privada financia, construye o gestiona infraestructura o servicios públicos —como carreteras, hospitales o plantas de agua— y comparte riesgos con el Estado.

Contratación de una empresa privada u otra organización para realizar tareas que antes llevaba a cabo por sí mismo un organismo público, como limpieza, soporte informático o comidas.

Obtención del mejor resultado posible con fondos públicos, teniendo en cuenta no solo el precio, sino también la calidad, la eficiencia y el grado en que el gasto cumple sus objetivos.

Servicio prestado por el Estado o en su nombre para la sociedad, como sanidad, educación, transporte o recogida de residuos; también, trabajo de quienes sirven al Estado.

Uso de internet y tecnologías digitales para ofrecer servicios e información públicos y permitir que personas y empresas tramiten asuntos estatales en línea.

Forma en que los servicios públicos llegan efectivamente a sus usuarios, incluidos el acceso, la rapidez, la calidad y los canales de atención.

Servicios públicos de apoyo a personas que lo necesitan —como menores en riesgo, personas mayores o con discapacidad y familias con bajos ingresos—, así como el departamento que los presta.

Condición de cumplir los requisitos oficiales para recibir una prestación, servicio, subvención o empleo, por ejemplo, los relativos a edad, ingresos, residencia o cualificaciones.

Oficina o sitio web único donde las personas pueden completar varios trámites o solicitudes relacionados sin acudir a distintas agencias.

Servicio esencial suministrado mediante una red —como agua, electricidad, gas o alcantarillado— o la entidad que lo presta, sea pública o privada.

Introducir un servicio, sistema o política nueva, a menudo por etapas, hasta que esté disponible en toda una organización, región o país.

Decisiones, planes y actuaciones que adopta un Gobierno para abordar un problema colectivo, como el desempleo, la contaminación o la vivienda; también, el campo que las estudia.

Norma oficial que dicta una autoridad pública al amparo de una ley; también, actividad de controlar un sector mediante esas normas.

Conjunto de leyes o una ley o serie de leyes aprobadas por un parlamento u otro órgano legislativo.

Llevar una decisión, un plan, una ley o una política a la práctica para que produzca efecto.

Persona, grupo u organización afectada por una política, proyecto o decisión, o que tiene interés en ella, como la ciudadanía, empresas, sindicatos u organismos.

Estado de acatar las reglas, leyes, normas o condiciones aplicables a una actividad u organización, y labor de comprobar que se respeten.

Organismo público que establece reglas para un sector, como la energía, la banca o las telecomunicaciones, y supervisa que las empresas las cumplan.

Proceso formal en el que un organismo gubernamental publica una propuesta, como un proyecto de ley o un plan, e invita a la ciudadanía, las empresas y las organizaciones a opinar antes de tomar una decisión definitiva.

Estudio estructurado de los efectos probables de una ley, política o proyecto propuesto en la economía, la sociedad o el medioambiente, realizado antes de tomar una decisión.

Documento formal que expone la misión, los objetivos a largo plazo, las prioridades y las metas de una organización para varios años, e indica cómo se medirá el progreso.

Publicación gubernamental en la que se publican formalmente leyes, reglamentos, decretos y determinados avisos y nombramientos oficiales; la publicación suele conferirles validez jurídica.

Labor de asegurar que se obedezcan las leyes y reglas mediante inspecciones, advertencias, multas, órdenes o acciones judiciales.

Organización sin fines de lucro —como una entidad benéfica, fundación o asociación— que trabaja en asuntos sociales, ambientales o humanitarios con independencia del Estado.

Sistema administrativo basado en reglas fijas, registros escritos y una jerarquía clara de funcionarios; en el habla cotidiana, también trámites oficiales lentos y complicados.

Conjunto oficial y establecido de pasos para realizar una tarea, como solicitar un permiso, gestionar una queja o aprobar un pago.

Documento oficial que permite realizar una actividad restringida, como construir, abrir un negocio o trabajar en un país.

Reglas, formularios y trámites oficiales que parecen innecesarios y ralentizan gestiones, sobre todo ante organismos públicos.

Completar un formulario o documento escribiendo la información requerida en los espacios vacíos.

Estructura en la que las personas o unidades se ordenan por niveles de autoridad y cada nivel rinde cuentas al que está por encima.

Transferencia formal de la facultad de tomar ciertas decisiones de un funcionario superior a otro de menor rango o a otra unidad, normalmente por escrito y con límites definidos.

Carta o aviso oficial que una autoridad superior o un ministerio envía a las oficinas pertinentes para explicar cómo aplicar una norma o comunicar instrucciones.

Trabajo rutinario de preparar, rellenar y archivar los documentos y formularios necesarios para un procedimiento oficial, o los propios documentos.

Dar la aprobación oficial definitiva a un documento, plan, pago o trabajo, a menudo mediante una firma.

Solicitud formal dirigida a una autoridad superior o a un tribunal para que revise y cambie una decisión oficial, como la denegación de un permiso, una multa o una calificación.

Hacer más sencillo y eficiente un proceso u organización, por ejemplo, eliminando pasos, formularios o aprobaciones innecesarios.

Principio según el cual los organismos públicos actúan abiertamente para que la ciudadanía pueda conocer cómo se decide, se gasta el dinero y se asignan responsabilidades.

Obligación de los organismos y funcionarios públicos de explicar y justificar sus decisiones y el uso de recursos, y de asumir consecuencias cuando algo sale mal.

Examen oficial e independiente de las cuentas, los sistemas o el rendimiento de una organización para comprobar el uso correcto del dinero y el cumplimiento de las reglas.

Visita o examen oficial para comprobar que un lugar, organización, producto o actividad cumple las normas y estándares exigidos.

Uso deshonesto del poder o cargo público para obtener un beneficio privado, por ejemplo mediante sobornos, favoritismo o desvío de fondos.

Situación en la que los intereses personales de un funcionario, como vínculos familiares, comerciales o financieros, pueden afectar —o parecer afectar— el desempeño de sus deberes públicos.

Empleado o persona con conocimiento interno que informa de irregularidades en una organización —como fraude, corrupción o riesgos para el público— a responsables, autoridades o medios de comunicación.

Autoridad independiente que investiga quejas de la ciudadanía por trato injusto o mal servicio de organismos públicos y recomienda cómo corregir la situación.

Derecho legal de la ciudadanía a solicitar y recibir información que conservan los organismos públicos, con excepciones limitadas, como la seguridad nacional o los datos personales.

Conjunto de políticas, procedimientos y verificaciones que una organización establece para proteger sus recursos, prevenir errores y fraudes, cumplir sus objetivos y respetar las normas.

Valor medible que sirve para mostrar en qué medida una organización, programa o servicio cumple sus objetivos, por ejemplo, tiempos de espera, coste por caso o índices de satisfacción.

Organismo nacional independiente que audita el uso del dinero público por parte del gobierno e informa de sus conclusiones al parlamento, como un tribunal de cuentas o una oficina nacional de auditoría.